El Ministerio de Sanidad publica el primer informe oficial que mide con datos el uso del sistema sanitario por parte de la población migrante, y desmonta el relato de la «sobrecarga» que circula en redes desde hace meses.

La población migrante presenta, en promedio, mejor estado de salud y hace un menor uso general del sistema sanitario que la población nacida en España, según el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, elaborado por el Ministerio de Sanidad y presentado por la ministra Mónica García. El documento, que analiza datos de 2024, es la primera radiografía oficial que compara con cifras concretas el consumo sanitario de ambos grupos, en un contexto de creciente circulación de discursos que atribuyen a la inmigración la saturación de la sanidad pública.

Los datos principales

Según el informe, la población nacida en España presenta mayor prevalencia que la población migrante en 16 de las 21 patologías que concentran más gasto y presión asistencial, entre ellas los trastornos de ansiedad, las alteraciones del metabolismo lipídico, las infecciones respiratorias agudas y el asma. La diferencia en algunas de estas patologías supera los 20 puntos porcentuales.

El documento añade que la población española consume un 62,7% más de medicamentos que la de origen africano y casi un 50% más que la de origen latinoamericano, y que los nacidos en España acuden más a atención primaria y a consultas hospitalarias, con mayor tasa de interconsultas y procedimientos médicos.

La excepción es el uso de los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios, donde la población migrante presenta cifras superiores a la nacida en España. El informe atribuye esta diferencia a las barreras de acceso al conjunto del sistema sanitario, que retrasan el diagnóstico y empujan a una parte de la población migrante a usar la urgencia como vía de entrada, en lugar de la atención primaria.

El «efecto del inmigrante sano»

El estudio confirma el fenómeno conocido internacionalmente como «efecto del inmigrante sano» (healthy immigrant effect), ampliamente documentado en la literatura científica, según el cual las personas migrantes llegan al país de destino con mejores indicadores de salud que la población nativa. Esa ventaja, señala el informe, se va reduciendo con los años de estancia debido a la precariedad laboral, el acceso desigual a la vivienda y la alimentación, y la exposición a condiciones de vida más vulnerables.

Con estos datos, el Ministerio concluye que la población migrante contribuye a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en condiciones equiparables al resto de la población, con una aportación que supera los costes derivados de su propia atención sanitaria.

Matices sobre el alcance del informe

El propio Ministerio de Sanidad reconoce las limitaciones de este estudio: los datos reflejan principalmente a la población migrante en situación regular. Quienes se encuentran en situación irregular se enfrentan a trabas administrativas que dificultan su inclusión en las estadísticas y, lo que es más grave, su acceso real a la salud.

Aunque las cifras oficiales desmontan el mito de la sobrecarga al demostrar que la población migrante consume significativamente menos fármacos y tratamientos crónicos, la realidad del acceso esconde desigualdades profundas. La diferencia en el uso general del sistema es mínima (un 90,6% frente al 92,3% de la población nacida en España). Sin embargo, lo que revelan estas cifras no es un uso «residual», sino una desigualdad estructural: al encontrar barreras para ser atendidas en atención primaria, muchas personas se ven empujadas a recurrir a urgencias cuando su estado de salud ya se ha deteriorado.

A pesar de que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado en diversas ocasiones el impulso a una ley para blindar la universalidad del Sistema Nacional de Salud y garantizar el acceso independientemente del estatus administrativo, la realidad a pie de calle sigue siendo otra. En la práctica, el empadronamiento continúa funcionando como un embudo y una barrera infranqueable en muchos municipios. Sin padrón no hay tarjeta sanitaria ordinaria, lo que deja a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad y perpetúa un circuito donde la única puerta abierta termina siendo, paradójicamente, la urgencia hospitalaria.