Esta semana circula una cifra que suena escandalosa: el Gobierno destinaría entre 91 y 97 millones de euros anuales a cuatro centros de acogida gestionados por ACCEM. El titular está diseñado para indignar, y lo hace apuntando en la dirección equivocada: hacia las personas que viven en esos centros.

Lo que es verdad

El sistema de acogida español no funciona solo con contratos públicos al uso. Una parte se gestiona mediante lo que la ley llama «acción concertada»: acuerdos con entidades del tercer sector (ACCEM, Cruz Roja, CEAR), que quedan expresamente eximidos de pasar por la Plataforma de Contratación del Sector Público. Así lo confirma la Resolución de la Dirección General de Atención Humanitaria de 23 de junio de 2026, publicada en el BOE: la concertación se ampara en el artículo 11.6 de la Ley de Contratos del Sector Público precisamente para no tener que licitar como un contrato ordinario.

Eso tiene una consecuencia real: mientras el Ministerio licita de forma abierta y trazable cuando gestiona directamente un centro —como el servicio de lavandería del CETI de Ceuta, publicado en el diario oficial europeo de contratación—, los acuerdos con ACCEM para sus centros de Alcalá de Henares, Cartagena, Mérida o Las Raíces no dejan ese mismo rastro público. Aunque la acción concertada no siga el trámite de licitación ordinario, las entidades están legalmente obligadas a justificar mediante auditorías hasta el último céntimo en costes reales, devolviendo a la Administración cualquier importe no ejecutado.

También es cierto y está documentado en pliegos de contratos similares (Alcalá de Henares, Canarias) que los servicios de restauración en estos centros incluyen menús adaptados a distintas dietas, entre ellas la musulmana con certificación halal, además de opciones para celíacos y otras necesidades médicas o religiosas. Esto no es un privilegio: es un estándar habitual en restauración colectiva pública, el mismo que rige en hospitales, colegios o residencias de mayores.

Lo que no está verificado

Las cifras exactas que circulan (el desglose de 91 a 97 millones para exactamente cuatro centros, el aumento del 56% en la previsión de ocupación, el salto del 145% en Las Raíces, los 1,79 millones de menús) proceden de licitaciones internas de ACCEM a las que solo ha tenido acceso un medio. Y aquí está la clave: la misma opacidad que denuncia el artículo es la razón por la que esos números no se pueden contrastar de forma independiente. No están en ningún portal público.

Significa que, como en cualquier pieza rigurosa, hay que tratarlos como una alegación pendiente de confirmación oficial, no como un hecho cerrado y menos aún convertirlos en munición para un relato sobre «el coste de los inmigrantes» que rara vez se aplica con la misma vara a otros colectivos vulnerables.

La comparación que nadie hace

El precio de referencia oficial de una plaza de acogida integral, según la propia resolución del Ministerio, ronda entre 42 y 72 euros por plaza y día, según el tipo de atención. Puesto en contexto: una plaza concertada en una residencia de mayores en España se mueve en un rango similar o superior. Un centro de menores tutelados, también. Nadie construye un titular viral con «el Gobierno destina 90 millones a comer y asear a personas mayores en residencias concertadas«, porque no despierta el mismo rechazo.

Ese es el mecanismo que conviene nombrar: la misma cifra, exactamente el mismo tipo de gasto social concertado, se convierte en «gasto excesivo» o en «política social» según a qué colectivo se aplique. El dato no cambia. Cambia el sujeto al que se le atribuye la culpa. Y ese cambio de sujeto no lo explica ninguna cifra: lo explica el racismo estructural que convierte a las personas migrantes en la explicación por defecto de cualquier gasto público, en vez de mirar a quien realmente toma las decisiones de gestión.

La pregunta que sí merece hacerse

No hay nada malo en exigir que el Ministerio publique con la misma transparencia sus acuerdos de concertación que sus contratos ordinarios. Es una demanda de buen periodismo y de buena gestión pública, y afecta a la calidad democrática del sistema de contratación, no a la legitimidad de nadie que resida en esos centros. Convertir esa pregunta institucional en un relato sobre «el negocio de la inmigración» hace un desplazamiento tramposo: traslada la responsabilidad de quien diseña el contrato, es decir, el Estado; hacia las personas migrantes, que no tienen ninguna capacidad de decisión sobre cómo se licita, se concierta o se publica un pliego.

La transparencia se le exige a quien gestiona el dinero público. El foco no se cambia de sitio.

---

Fuentes: Resolución de 23 de junio de 2026 de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional (BOE-A-2026-13877); Resolución de la Secretaría de Estado de Migraciones de 4 de junio de 2026 sobre precios de referencia; contrato de lavandería del CETI de Ceuta (TED, expediente 202503OC0035). Los datos económicos atribuidos a licitaciones internas de ACCEM no han podido ser verificados con fuente primaria pública y se citan como pendientes de confirmación oficial.