Esta semana ha corrido un titular como la pólvora: «Un informe de la Policía Nacional desvela que 400.000 inmigrantes que se han acogido a la regularización nunca han vivido en España«. Suena a hallazgo policial, a caso resuelto. No lo es. Vamos a separar lo que es un dato oficial de lo que es una estimación filtrada y sin verificar.

Lo único confirmado, con nombre y apellido oficial

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cerró el plazo de la regularización extraordinaria el pasado 30 de junio con 1.174.978 solicitudes registradas. Es una cifra oficial, pública, y muy superior a la previsión inicial del Gobierno, que manejaba escenarios de entre 500.000 y 750.000 personas. De ese total, algo más de 600.000 expedientes ya cuentan con autorización provisional de residencia y trabajo mientras se resuelve el caso; apenas 11.000 tienen resolución definitiva. El proceso, de hecho, sigue en marcha.

Hasta aquí, todo verificable. El problema empieza después.

De dónde sale realmente el «400.000»

La cifra de los «400.000 impostores» no proviene de ningún informe público ni de ningún recuento de casos individuales confirmados. Proviene de fuentes policiales anónimas citadas por un solo medio, que hacen el siguiente cálculo: cogen una estimación de otra fuente (la fundación Funcas, que calculó a comienzos de 2026 que en España vivían unas 840.000 personas en situación irregular) y asumen que solo entre un 60% y un 70% de esas personas cumpliría los requisitos para regularizarse. Esa cuenta les da una cifra cercana al medio millón de beneficiarios esperables. Como la solicitud real ha sido de 1,17 millones, restan una cifra a la otra y llaman «efecto llamada» a la diferencia: 400.000 personas que, según ellos, habrían venido desde fuera solo para aprovechar el proceso.

Es una resta entre dos estimaciones, no un recuento de casos reales. Las propias fuentes policiales reconocen que comprobar, expediente por expediente, quién ha presentado documentación fraudulenta es «especialmente complejo». Es decir: el titular presenta como hecho comprobado algo que no pueden comprobar.

Un patrón que conviene mirar con lupa

Esta no es la primera vez. En los últimos meses se han filtrado, siempre desde fuentes policiales sin nombre y siempre a través de los mismos medios, varias estimaciones sucesivas sobre el alcance de la regularización: primero 1,25 millones de beneficiarios potenciales, después previsiones de hasta 5 millones de personas en cuatro años contando reagrupaciones familiares. Ninguno de esos informes se ha hecho público de forma íntegra y verificable. De hecho, el Consejo de Transparencia ha resuelto en contra del Ministerio de Presidencia por no responder en plazo a una solicitud de acceso a la documentación que sustentaría precisamente la tesis del «efecto llamada», lo que confirma que ese informe, hasta ahora, no ha sido sometido a ningún escrutinio externo real.

El Gobierno lo rebate con datos propios

La ministra Elma Saiz ha negado explícitamente que exista un «efecto llamada», y ha defendido que se trata de una política integral y global cuyo resultado es, precisamente, lo contrario de lo que la tesis policial sugiere. Dos versiones institucionales sobre la mesa, ninguna con el documento completo a la vista, y los medios eligiendo qué titular publicar según su línea editorial.

La pregunta que sí hay que hacerle a la Administración

Si de verdad existía, como aseguran las propias fuentes policiales anónimas sin ningún documento oficial que respalde sus declaraciones , desde febrero, «un gran bazar» de facturas falsas circulando por Telegram e Instagram para fabricar pruebas de residencia, la pregunta pertinente no es sobre las personas migrantes, sino sobre el sistema: ¿por qué la Administración no reforzó los controles de verificación documental durante el proceso, si ya conocía el riesgo meses antes de que se cerrara el plazo? Detectar un fraude a toro pasado, después de haber tramitado más de un millón de expedientes, habla de un fallo de gestión pública, no de una avalancha incontrolable de «impostores».

Y ese dato de fondo sigue sin cuadrar con la tesis del «efecto llamada»: si de verdad cientos de miles de personas hubieran cruzado fronteras expresamente para aprovechar la medida, sería difícil de explicar que, según el propio Gobierno, las llegadas irregulares a España estén cayendo un 70% de media en el mismo periodo.

Lo que de verdad hay que preguntarse

Que 1,17 millones de personas se hayan presentado a un proceso de regularización no es, por sí solo, ni un fraude ni un escándalo: es la prueba de que había muchísima más gente viviendo y trabajando en España sin papeles de la que el propio Gobierno calculaba. Convertir una estimación matemática sin verificar en un titular de «la Policía desvela» no es informar: es prestarle credibilidad institucional a un rumor.

Fuentes: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (cifra oficial de solicitudes, 30 de junio de 2026); declaraciones de la ministra Elma Saiz en RNE; resolución del Consejo de Transparencia sobre la solicitud de acceso a los informes del «efecto llamada». La cifra de «400.000 personas que nunca han vivido en España» no ha sido confirmada mediante documento público ni recuento verificable y se cita como estimación de fuentes policiales anónimas, pendiente de contraste.