El proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno a través del Real Decreto 316/2026, vigente entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026, ha cerrado con unas cifras históricas que superan ampliamente todas las previsiones iniciales del Ejecutivo. Según los datos oficiales presentados por la Secretaría de Estado de Migraciones, un total de 1.174.978 personas extranjeras solicitaron acogerse a esta medida excepcional destinada a regularizar la situación administrativa de personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026.
La cifra duplica las estimaciones iniciales del Gobierno, que calculaba alrededor de 500.000 solicitudes, y confirma la existencia de una realidad social y laboral mucho más amplia de lo que reflejaban los registros oficiales.
Más de la mitad de los expedientes ya han sido admitidos a trámite
Hasta el momento, 609.737 solicitudes, equivalentes al 51,9% del total, ya han sido admitidas a trámite por las oficinas de extranjería. Esta admisión supone la concesión de una autorización temporal para residir y trabajar en España, permitiendo a miles de personas incorporarse de forma inmediata al mercado laboral formal y acceder a derechos básicos vinculados a la regularidad administrativa.
No obstante, todavía permanecen pendientes de resolución más de 565.000 expedientes, motivo por el que organizaciones sociales y entidades especializadas han solicitado al Ministerio de Inclusión reforzar las oficinas de extranjería para evitar retrasos administrativos prolongados.
¿Quiénes han solicitado la regularización?
Los datos demográficos ofrecidos por el Ministerio dibujan un perfil muy alejado de algunos de los estereotipos presentes en el debate público.
- El 81% de las personas solicitantes tiene menos de 45 años.
- El 53,1% se encuentra entre los 25 y los 44 años, es decir, en plena edad laboral.
- El 57% son hombres, frente al 43% de mujeres.
- El 67% procede de América Latina, mientras que el 22,9% es de origen africano y el 8,3% asiático.
- El 67% posee estudios postobligatorios y aproximadamente una de cada cuatro personas cuenta con estudios universitarios.
La Secretaría de Estado de Migraciones ha destacado especialmente el componente generacional de este proceso, señalando que buena parte de las personas regularizadas se incorporarán a sectores esenciales de la economía española en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la escasez de mano de obra en determinadas actividades.
Colombia, Marruecos y Venezuela lideran las nacionalidades solicitantes
Por países de origen, las solicitudes se concentran principalmente en cinco nacionalidades:
- Colombia (25,9%)
- Marruecos (13,3%)
- Venezuela (11,8%)
- Perú (8,8%)
- Honduras (4,9%)
En conjunto, prácticamente dos de cada tres solicitudes corresponden a personas procedentes de América Latina, una realidad que explica también el elevado nivel de competencia lingüística detectado entre los solicitantes: el Gobierno estima que el 85% tiene dominio pleno del castellano.
Cataluña y Madrid concentran el mayor volumen de solicitudes
La distribución territorial reproduce en gran medida el mapa poblacional y económico del país.
Las comunidades autónomas con mayor número de expedientes registrados han sido:
| Comunidad Autónoma | Solicitudes |
|---|---|
| Cataluña | 257.602 |
| Comunidad de Madrid | 202.424 |
| Comunitat Valenciana | 167.286 |
| Andalucía | 161.557 |
| Canarias | 37.500 aprox. |
Sin embargo, al analizar las solicitudes en relación con el número de habitantes, aparecen otros territorios especialmente relevantes como Almería, Alicante, Lleida, Murcia o Castellón.
El arraigo extraordinario, principal vía de acceso
La inmensa mayoría de las solicitudes, un 79,6%, se tramitaron a través de la figura del arraigo extraordinario, creada específicamente para este proceso. El 20,4% restante corresponde a personas solicitantes de protección internacional cuyas peticiones fueron reconducidas a este procedimiento extraordinario.
Para acogerse a la regularización era necesario acreditar:
- Residencia en España anterior al 1 de enero de 2026.
- Permanencia efectiva en el país durante al menos cinco meses.
- Carecer de antecedentes penales en España y en los países de residencia anteriores.
- En determinados supuestos, haber solicitado protección internacional antes de esa misma fecha.
Más de 159.000 nuevas altas en la Seguridad Social
Uno de los primeros efectos medibles del proceso ya se observa en el mercado laboral. Según la Secretaría de Estado de Seguridad Social, hasta el 30 de junio se habían registrado 159.097 nuevas afiliaciones directamente vinculadas a la regularización.
La gran mayoría de estas altas se concentra en el Régimen General, aunque también destacan incorporaciones al sistema agrario, el trabajo autónomo y el empleo doméstico.
Por sectores, las nuevas incorporaciones se distribuyen principalmente en:
| Sector | Nuevas altas |
|---|---|
| Hostelería | 38.776 |
| Comercio | 20.195 |
| Actividades administrativas | 19.327 |
| Construcción | 18.310 |
| Agricultura, ganadería y pesca | 14.248 |
Además, el perfil contractual desmonta otra percepción habitual del debate migratorio: el 77,3% de las personas dadas de alta cuenta con contratos indefinidos, mientras que únicamente el 22,7% corresponde a contratos temporales.
Entre el éxito histórico y el reto administrativo
Las organizaciones sociales que impulsaron durante años la campaña por la regularización han celebrado el resultado como un hito histórico de movilización ciudadana.
Plataformas como Regularización Ya o diversas entidades sociales consideran que los datos demuestran que las estimaciones sobre la población en situación administrativa irregular estaban muy por debajo de la realidad existente en barrios, municipios y sectores productivos de todo el país.
Sin embargo, también advierten del riesgo de que los expedientes pendientes se conviertan en un cuello de botella administrativo que prolongue durante meses la incertidumbre de cientos de miles de familias.
Un debate que trasciende las cifras
Más allá del número de expedientes o del impacto económico inmediato, el proceso ha reabierto uno de los debates centrales de la política migratoria europea: cómo gestionar una realidad social ya existente.
La regularización no crea población migrante; reconoce jurídicamente la presencia de personas que ya viven, trabajan, estudian y participan en la sociedad española.
Los datos publicados hasta ahora muestran además una realidad difícil de ignorar: se trata mayoritariamente de población joven, en edad de trabajar, con niveles formativos elevados y con una rápida incorporación al mercado laboral formal.
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